En las pasadas semanas conocimos a cinco de los seis principios rectores.

Cada uno de esos cinco principios rectores, fueron descritos en su amplitud, así como resumidos en dos características distintivas de los otros cuatro principios que presentamos.

Luego, se analizaron por lo menos uno de cinco criterios jurisdiccionales, para reafirmar el conocimiento, por cuanto a su naturaleza, contenido y alcance, de cada uno de los cinco principios que fueron presentados.

En el transcurso de las actividades sugeridas (casi ninguna de ellas desarrolladas, y solo por dos excepciones, todos las desarrollaron sin ilación alguna con los temas previstos), se conocieron la forma en que los principios rectores se relacionan para su cumplimiento, pero además, se conoció el sexto de los principios rectores, que es el MÁXIMA PUBLICIDAD.

Entonces, los seis principios rectores a nivel constitucional, que norman la actividad de la autoridad electoral tanto administrativa como jurisdiccional, son: certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, independencia y máxima publicidad. La noticia es que, no era chiste: si conocen esos principios y saben cómo los ha interpretado la autoridad, administrativa y jurisdiccional, local y nacional, podrán hacer cualquier impugnación, sobre la base de esos principios.

Asimismo, se han empezado a perfilar otros elementos, que conforman en conjunto los imperativos para elecciones auténticas, periódicas y libres, que son el referente internacional de los sistemas democráticos. Tales elementos son, entre otros:

- Equidad en la contienda.- Se traduce primeramente, en el financiamiento público a los partidos políticos y a los candidatos independientes; también, en la equidad en las prerrogativas, tanto de franquicias postales como de acceso a radio y televisión. Debe tenerse muy en cuenta que, el principio se refiere a la EQUIDAD, que no es lo mismo que igualdad. Este principio de equidad es velado por la autoridad electoral.

- Autoorganización de los partidos políticos.- Si bien es cierto que los partidos políticos reciben recursos, del erario nacional y local, para el desarrollo de sus actividades dentro y fuera del periodo electoral; no menos lo es que, la dotación de recursos, incluyendo las prerrogativas, no son pretexto para que la autoridad se inmiscuya en la organización de cada partido. El primer límite de este derecho, es el cumplimiento de la ley, que establece los documentos básicos y los requisitos mínimos de autorganización. El segundo límite, que los propios militantes (en general), impugnen las reglas internas ante el Tribunal Electoral competente y será solamente éste, el que decida sobre el incumplimiento de las reglas elementales, al interior del partido.

- Comprobación de ingresos y gastos de los partidos políticos.- La lógica de este principio es que todos los que manejen recursos públicos, comprueben el origen, cantidad y destino de cada peso que el Erario les provee. Esta comprobación es la más exhaustiva de todas y se basa sobre la inmediatez de la comprobación y el prorrateo legal en caso de gastos que inmiscuyan varias campañas, así como sobre la totalidad del ingreso-gasto. Su incumplimiento importa no solamente la generación de multas que merman la capacidad en la contienda electoral, sino incluso, LA PÉRDIDA DEL REGISTRO COMO CANDIDATO y por tanto, perder una elección por rebase en el tope de gastos.

- Acciones afirmativas por cuanto a género y a indígenas.- Esta humilde escritora estima que, basta con mencionar el concepto en su acepción original, dará luz sobre el mismo. Las acciones afirmativas se conocen como DISCRIMINACIÓN POSITIVA, es decir, durante siglos ha habido sin lugar a duda, una discriminación por cuestiones de género y raza; esta discriminación ha sido negativa, porque niega a los sujetos indígenas o sujetas, la posibilidad de acceder a ciertos bienes  sociales, corpóreos o incorpóreos. A través de una discriminación positiva, se favorece especialmente el acceso de tales sujetos y sujetas.

- Exhaustividad de las resoluciones y sentencias.- Ya comentado en la jurisprudencias, se refiere a que la autoridad electoral debe cumplir y vigilar el cumplimiento de la norma electoral, desde lo micro hasta lo macro, de oficio o a petición de parte, considerando todos los elementos que le aporten los actores políticos y aquellos que se encuentren escondidos o velados.

- Inmutabilidad de la norma electoral.- Este principio deriva del rector de certeza, que hemos comentado hasta el cansancio; se encuentra elevado a rango constitucional y se traduce en que, las reglas electorales, deben quedar fijas, inmutables, antes de que inicie la contienda. Debe considerarse por “reglas” desde la norma constitucional hasta el más insignificante de los acuerdos de la autoridad electoral, así como la generalidad de dicha regla, para que sea inmutable.

- Facultades exclusivas, concurrentes, de atracción, de subsunción y otras, del INE, en relación con los OPLEs.- Y para esto es que se subieron los acuerdos aprobados por el INE y se enderezó la charla hacia tales facultades… por si quieren por fin leer aunque sea uno.

Por esa razón, te invito a que vayas otra vez hacia las jurisprudencias y los acuerdos, y trates de desentrañar la forma en que interactúan los órganos electorales (PEL/PEF), así como la forma de cada principio rector, antes de continuar con esta senda, haciendo si consideras necesario, uso del chat para comentar hallazgos y plantear dudas al grupo.